De la literatura médica disponible, diremos que existen nuevos parámetros para establecer la edad en donde se considera a una persona como un adulto mayor de la cuarta edad, que es aquella en donde se rebasan los 80 años de edad.
Los avances en la ciencia médica están permitiendo que aquellos que se consideraban viejos a partir de los 60 años, están realmente viviendo una de sus etapas más productivas, en la cual se ha alcanzado la solvencia y estabilidad financiera, además de la madurez plena y la sabiduría para disfrutar de la vida.
Desde luego, este estatus de vida depende de innumerables factores, pero para los mexicanos, es común observar a adultos con edades de entre 60 y 80 años de edad que llevan una vida plagada de actividad física, buena alimentación y relaciones personales fructíferas y duraderas que les garantizan llegar a los 80 con mucha cuerda por delante.
La participación del entorno familiar es vital para que ese adulto de la cuarta edad viva en un ambiente plagado de cariño y respeto.
Quienes tienen más de 80 años son dentro de los adultos mayores, el grupo etario que más ha crecido y se espera que a partir de 2025 ese crecimiento sea explosivo, afirman los geriatras más relevantes del orbe.
Quienes entran a la cuarta edad, tienen más conciencia de que la vida aún les ofrece más años por delante y por ello están interesados en mantener mejor salud física y mental por su propia calidad de vida y para no ser una carga para sus familiares. Asimismo, están más conscientes de sus posibilidades de asociarse y relacionarse con sus pares.
Este target de la población enfrenta una paradoja en su vida productiva, ya que, por un lado, en las clases media y alta tienen solvencia económica, producto de los ahorros de su vida; y por otro, el sistema financiero de México les niega acceso a servicios financieros como podría ser un crédito o un préstamo hipotecario y las aseguradoras, por supuesto, le cierran la posibilidad de contar con seguros de gastos médicos mayores.
La discriminación por motivos de edad, es una práctica inhumana.
De ahí que sea loable que la Cámara de Diputados haya avalado una reforma para garantizar los derechos financieros de las personas adultas mayores.
La diputada Ciria Yamile Salomón Durán (PVEM), promovente de la iniciativa, manifestó que el Estado mexicano debe garantizar que las personas adultas mayores no sean discriminadas al momento de intentar adquirir un crédito bancario o contratar cualquier otro producto financiero.
Relató que en México la discriminación por motivos de edad es una realidad que lastima y vulnera a todas las personas, de manera particular a las personas adultas mayores, no solo en el aspecto laboral, sino por parte del sistema financiero, por lo que se debe erradicar este tipo de prácticas, con la finalidad de alcanzar una sociedad más igualitaria.
“Nosotros hemos sido testigos e incluso víctimas de prácticas discriminatorias en las que se nos ha impedido tener un libre acceso al crédito por nuestra edad, por la póliza o que la garantía financiera sea más elevada”, añadió.
Con el dictamen se impulsará una nueva cultura en la que se tome en cuenta a las personas adultas mayores como activos importantes en el ciclo económico, con capacidad suficiente para seguir contribuyendo con la vitalidad financiera del país. El reto está ahora en el sector privado, advirtió la legisladora del Verde.
La Cámara baja aprobó con 469 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de garantizar los derechos financieros de esta población.
Se establece que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, supervisar que las entidades del sistema financiero mexicano brinden sus servicios de forma universal, oportuna y efectiva a todas las personas adultas mayores, para asegurar su beneficio, seguridad e inclusión económica.
De igual modo, impulsar acciones que protejan y garanticen los derechos financieros de las personas adultas mayores, independientemente de su origen étnico, género, edad, tipo de discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, por parte de las entidades bancarias y financieras del país.
Además, conforme a las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por su conducto inspeccionar, prevenir y corregir las prácticas de discriminación financiera que priven de un trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
El documento fue remitido al Senado de la República para efectos constitucionales y luego el Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del decreto, para armonizar sus normas reglamentarias en materia de prácticas de trato igualitario e incluyente a las personas adultas mayores.
54,603 Visitantes